Un experto en Leyes me desmontaría este artículo en apenas unos segundos, no lo dudo. Su opinión nada más empezar sería algo así como “no podemos dejarnos llevar por lo visceral ni por impulsos mediáticos, hay que aplicar las Leyes estrictamente”, y yo le daría la razón completamente. Pero se juntan dos elementos especialmente sangrantes que provocan la indignación popular por la desprotección que sufre el cuidado ante las agresiones y los abusos criminales: ¿realmente los jueces aplican la condena máxima dentro de lo que marca la Ley?, y por otro lado: ¿por qué las leyes penales en España son tan inmovilistas exceptuando casos muy concretos como la Doctrina Parot?
Pero hay más esta semana. José María del Nido (Presidente del Sevilla y abogado) y Julián Muñoz han sido condenados a 8 años de cárcel. Como nuestras queridas Leyes nos tienen acostumbrados, cuando uno ve esta noticia lo primero que espera es escuchar el ya clásico “pero de momento no entrarán en prisión”. En pocos países se podrá estar condenado a semejante pena y levantase en su casa por las mañanas. Y necesitaría un post entero para mencionar los cientos de casos de violencia machista que quedan prácticamente impunes en relación con el daño causado.
Tenemos unas Leyes que al ser tan sumamente blandas con los ladrones fomentan que nadie devuelva lo robado, porque les compensa más permanecer tres años encarcelados y después disfrutar del dinero robado. Casos como el del ex director de la Guardia Civil José Luis Roldán o el de Antonio Camacho, responsable de Gescartera (ambos en libertad) o el propio Julián Muñoz así lo demuestran. O el caso Urdangarín, cuyo procesamiento sólo después de que la Casa Real lavara su imagen da buena cuenta de hasta qué punto está manipulada y condicionada la Justicia.
El complejo perpetuo que tenemos en España es el que provoca que el endurecimiento de las penas se asocie a un tema ideológico. En algún momento “nos colaron” que la izquierda debe fomentar la reinserción y ser más suave con las Leyes y que la derecha es la más dura. Por eso cuando algún miembro del Partido Popular ha propuesto la cadena perpetua revisable a los 30 años, muchos oportunistas se han rasgado las vestiduras y han hecho sus habituales asociaciones Derecha-Franquismo, como si una condena así la hubiera inventado Franco. Es el estupidismo de los que tienen un micrófono delante. ¿Se puede estar realmente en contra de que un asesino cumpla 30 años de cárcel independientemente de que se porte bien, estudie en su celda, cocine o pinte una pared para rebajar la cifra? ¿No es Justicia ese castigo dado? La persona a la que ha matado no va a tener una segunda oportunidad. Todavía duele recordar como De Juana Chaos pasó 23 años entre rejas por 21 asesinatos y leer a quienes con vehemencia aseguran que ya ha cumplido su deuda con la sociedad. Igual sucede con los delitos fiscales. La impunidad es total y el castigo posible es inferior al beneficio que logran tanto si son descubiertos como si no.
La sociedad sólo protesta ante casos mediáticos, los políticos se lavan las manos y en el Congreso debaten tonterías que nada nos aportan, pero pasan los años y seguimos igual, con un sistema judicial obsoleto y guardado en cajas de cartón por los pasillos de los juzgados. Delitos que tardan años en procesarse, delincuentes en libertad permanente porque sus casos se han “traspapelado”, y la inversión en adaptar la Justicia a la tecnología va pasando de mano en mano por diferentes Gobiernos sin que nadie coja el toro por los cuernos y adopte medidas contundentes. ¿La excusa? Que no hay dinero para ello pero sí para los cientos de millones de inversiones absurdas que se han aprobado.
No podremos creer a ciegas en la Justicia como tantas veces se nos exige mientras tengamos la certeza de que son prioritarios los derechos de los verdugos respecto a los de las víctimas. Y en España esto ocurre más allá del enfado temporal que tenemos por la condena tan absurda a Miguel Carcaño y a sus cómplices.







